Por. Germán Córdoba Ordóñez, Director de Cambio Radical La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no significa la caída del ...
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos no significa la caída del régimen venezolano. Es, apenas, la remoción de una ficha. Maduro fue el rostro visible, la caricatura, de una dictadura responsable de más de 36.000 víctimas de tortura y violencia estatal, de al menos 10.000 ejecuciones extrajudiciales documentadas y del colapso de un país que hoy tiene a más de ocho millones de venezolanos forzados al exilio. Su salida no desmonta el sistema criminal que gobernó Venezuela durante años.
El poder real sigue intacto. Diosdado Cabello continúa operando con colectivos armados que han impuesto el terror en barrios populares y han participado en la represión de protestas que dejaron centenares de asesinados, al menos 468 solo en movilizaciones documentadas. Delcy y Jorge Rodríguez asumieron el control efectivo del régimen: ella desde el Ejecutivo; él, posesionado como presidente del Congreso. Los hermanos Rodríguez son hijos de Jorge Antonio Rodríguez, un líder de izquierda radical acusado de orquestar el secuestro extorsivo más largo de la historia de Venezuela (caso Niehous). Todo indica que la salida de Maduro fue una operación interna de supervivencia, no una derrota del chavismo.
Vladimir Padrino López permanece al mando de unas Fuerzas Armadas corroídas por la corrupción y penetradas por redes del narcotráfico. La represión no solo continúa, se normaliza. Se estima que en Venezuela hay 806 presos políticos, además de una política sistemática de censura que ha llevado al cierre o control de más de 400 medios de comunicación. En los últimos dos días, al menos 14 periodistas fueron retenidos por fuerzas estatales. No existe libertad de prensa, ni justicia independiente, ni garantías mínimas. La represión social sigue siendo la columna vertebral del poder.
La Constitución venezolana ordena elecciones en un plazo máximo de 30 días ante la ausencia absoluta del presidente, pero el Tribunal Supremo —órgano con mayorías afines al chavismo— ha manipulado el concepto de “ausencia temporal” para atornillar a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien fue encargada por 90 días.
El sistema electoral está cooptado por la dictadura, el Tribunal Supremo actúa como una oficina del Ejecutivo y los colectivos armados garantizan obediencia mediante intimidación. Lo que viene no es una transición democrática, sino un recambio controlado de nombres. De convocarse a elecciones, las instancias internacionales deben estar presentes y vigilantes; también debe permitirse el voto de millones de venezolanos que viven en el exterior y no inhabilitar candidatos a conveniencia del régimen. ¿Tendrán garantías?
Venezuela enfrenta hoy un vacío de futuro. Quien llegue al poder heredará un Estado devastado, capturado por la corrupción y una economía absurda: dolarizada en la práctica, pero sostenida formalmente por un bolívar sin valor. ¿Qué hacer con más de 2.000 generales, con una Asamblea Constituyente ilegítima, con un Tribunal Supremo y un CNE convertidos en brazos del chavismo? Gobernar en ese contexto no será gobernar, será administrar ruinas.
Millones de venezolanos en el exterior celebran, mientras teóricos o adoctrinados piden respeto al Derecho Internacional. En Venezuela el Estado de Derecho fue destruido y muchos callaron. Hoy, tras la caída de su caudillo, corren a instancias internacionales a exigir legalidad. Hablan de “paramilitares” mientras mantienen colectivos armados financiados y protegidos por el propio Estado.
Colombia no puede fingir “neutralidad”. El régimen venezolano fue durante años refugio y soporte de estructuras criminales como el ELN y las disidencias de las FARC. Ese santuario comienza a resquebrajarse y tendrá consecuencias directas para nuestra seguridad. Al mismo tiempo, hay una certeza: no habrá recursos del chavismo financiando la política colombiana. Es una buena noticia para la democracia, aunque incómoda para quienes durante años justificaron a Maduro.
Según el indictment contra Maduro, grupos criminales como el ELN —con unos 1.276 hombres en armas en Venezuela, liderados por alias Pablito—, las FARC, las disidencias y el Tren de Aragua delinquían con el apoyo de la dictadura; eran sus socios.
Desde Cambio Radical lo decimos sin ambigüedades: sin desmontar la estructura criminal del chavismo no habrá transición real. La captura de Maduro no salda cuentas, no hace justicia y no repara a las víctimas. Es apenas el inicio de un proceso que sigue secuestrado por los mismos responsables.
Lo ocurrido en Venezuela es una advertencia para la región y, especialmente, para nuestro país, que está ad portas de un proceso electoral. Así opera y así termina el populismo autoritario: promete igualdad, concentra poder y deja pobreza, miedo y censura. Colombia no puede repetir esa historia ni elegir a Petro en cuerpo ajeno. En 2026 no está en juego solo una elección; está en juego la democracia.
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