En la lucha contra la corrupción. Que es la ley de pliegos Tipo para contratación puesta en marcha por el gobierno Nacional. ¿Que pasará con los oferentes en los procesos de selección?

 ​ Esta norma incorpora mejores prácticas en el sector y se evita la existencia de los denominados ‘pliegos sastre’ y, de igual forma, se cr...

 ​Esta norma incorpora mejores prácticas en el sector y se evita la existencia de los denominados ‘pliegos sastre’ y, de igual forma, se crean condiciones para permitir la pluralidad de oferentes en los procesos de selección.

En el marco de la lucha contra la corrupción el Gobierno del Presidente Duque sancionó leyes, entre las que se destacan la obligatoriedad de los altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y renta, y la que elimina la casa por cárcel para corruptos, de esta forma se acaban los beneficios penales para responsables de delitos contra la Administración Pública y que afecten el patrimonio del Estado.

“Hoy Colombia tiene una de las herramientas más eficaces de lucha contra la corrupción”, así lo expresó el Presidente Iván Duque, el pasado 22 de julio de 2020, cuando sancionó la Ley de Pliegos Tipo, una promesa de campaña cumplida que busca ponerle fin a los procesos licitatorios y de contratación.

“Durante una larga campaña presidencial y una larga precandidatura recorrimos muchos lugares del territorio hablándoles a los colombianos de la importancia de contar con instrumentos que fortalezcan la lucha contra la corrupción”, agregó el Jefe de Estado.

Por este motivo, la Ley de Pliegos incorpora mejores prácticas en el sector y se evita la existencia de los denominados ‘pliegos sastre’ y, de igual forma, se crean condiciones para permitir la pluralidad de oferentes en los procesos de selección.

También incentiva la libre competencia y participación de los oferentes en los procesos de contratación y evita las malas prácticas que han imperado en el territorio nacional.

“En todas las obras de infraestructura y en lo relacionado con acueductos, tenemos que acabar los elefantes blancos que, desafortunadamente, vemos todos los días a lo ancho y a lo largo del país; una práctica aberrante. En cada municipio, en cada gobernación, en cada ministerio, tenemos que lograr que las obras, los contratos y las licitaciones, se hagan con una amplia concurrencia de proveedores, para que la administración escoja a quien ofrezca las mejores condiciones en todo sentido. No podemos seguir facilitando las decisiones a dedo”, explicó la Vicepresidente y Canciller, Marta Lucia Ramírez.

Este proyecto complementa la Ley 1882 de 2018 y fortaleció la eficiencia y transparencia en la contratación pública, donde ya no solo aplican este tipo de contratos en materia de infraestructura, sino que ahora, se amplía a los otros sectores de la administración pública.

Más leyes para la lucha contra la corrupción

También, el Gobierno del Presidente Duque sancionó la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019 que obliga a altos funcionarios del Estado a publicar su información de bienes y Rentas en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP), así como el registro de conflictos de interés, la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, así como los aportes de elección.

Se debe destacar que, la finalidad de diligenciar la declaración juramentada de bienes y rentas consiste en la posibilidad que le asiste a la Administración para detectar eventuales incrementos injustificados del patrimonio económico de un empleado público.

Adicionalmente, el Jefe de Estado también sancionó la Ley 2003 del 19 noviembre 2019 que obliga a todos los congresistas a hacer públicos los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

Finamente, también entró en rigor la Ley 2014 del 30 de diciembre de 2019 que elimina la casa por cárcel para corruptos, de esta forma se acaban los beneficios penales para responsables de delitos contra la Administración Pública y que afecten el patrimonio del Estado.

Con esta Ley, de 10 artículos, se busca garantizar el principio constitucional de igualdad y transparencia, los corruptos quedan inhabilitados para contratar con el Estado cuando se demuestra la comisión de actos de corrupción.