COVID-19 es una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas amazónicos, alertaron hoy las Oficinas de ONU Der...
COVID-19 es una de las mayores amenazas a las formas de vida de los pueblos indígenas amazónicos, alertaron hoy las Oficinas de ONU Derechos Humanos para América del Sur, para Colombia y la Misión en Bolivia, junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En una declaración emitida previo al Día Internacional del Medio Ambiente, las entidades urgieron a los Estados con soberanía en esta región a proteger la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, en particular aquellos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
En relación con la pandemia, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH expresaron alarma por los contagios y fallecimientos que han afectado a los pueblos indígenas amazónicos, así como la falta de acceso a información de salud confiable, la carencia de infraestructura hospitalaria y de acceso a servicios de salud adaptados a sus necesidades durante la crisis.
También expresaron preocupaciones específicas sobre la situación de las mujeres indígenas y la continuidad de actividades de desarrollo, económicas y extractivas que dificultan las medidas de distanciamiento o aislamiento adoptadas por las comunidades.
Además, las Oficinas de ONU Derechos Humanos y la CIDH llamaron a implementar apoyos socioeconómicos culturalmente adecuados para estos pueblos indígenas de América del Sur, así como a apoyar sus medidas de auto cuidado, fortalecer la participación de sus autoridades en las decisiones que se tomen y a fiscalizar la efectividad de las medidas orientadas a proteger sus derechos.
La declaración es firmada por el Representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab; su par de la ONU Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori; el Coordinador de la Misión en Bolivia de ONU Derechos Humanos, Alán García Campos; y el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
Lee la declaración completa: Urge proteger de COVID-19 a los a pueblos indígenas amazónicos
“En vísperas del Día Internacional del Medio Ambiente, desde ONU Derechos Humanos y la CIDH* alertamos que COVID-19 ha puesto en grave riesgo la supervivencia y los derechos de los pueblos indígenas de la cuenca del Amazonas, portadores de un conocimiento profundo de uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad y culturas del planeta.
Habitada por más de 420 pueblos indígenas -al menos 60 de ellos en aislamiento voluntario-, la Amazonía es una de las regiones natural y culturalmente más diversas del mundo. Allí la propagación de COVID-19 ha crecido de manera exponencial, afectando a pueblos que viven en la región amazónica.
En este contexto, los Estados de la región amazónica deben incrementar las medidas para proteger a los pueblos indígenas frente a COVID-19, tanto a nivel de contagios como de los impactos sobre sus derechos asociados a la pandemia.
Mientras los sistemas nacionales de salud enfrentan serias dificultades para dar una respuesta efectiva, el coronavirus ha hecho más evidente la histórica ausencia o limitada presencia estatal en muchos territorios y su insuficiente capacidad para atender las necesidades de estos pueblos, tomando en consideración además sus conocimientos ancestrales, prácticas curativas y medicinas tradicionales, desde un enfoque intercultural.
La pandemia también ha puesto de relieve la importancia de garantizar que los pueblos indígenas puedan ejercer su autogobierno y libre determinación. Por ello, es esencial que los Estados aseguren la participación de los pueblos indígenas a través de sus entidades representativas, líderes/as y autoridades tradicionales en la formulación e implementación de políticas públicas para enfrentar el alto riesgo de extinción física y cultural de los pueblos indígenas amazónicos.
En ese sentido, llamamos a los Estados a respetar las medidas de autoaislamiento adoptadas por los pueblos indígenas —sean estas tradicionales o a raíz de la pandemia, como cordones sanitarios—, así como a proveerles material de protección personal de forma segura. También es de suma importancia compartir con los pueblos indígenas información culturalmente adecuada y en sus propias lenguas o dialectos, que sea veraz y oportuna respecto a la contingencia.
Desde ONU Derechos Humanos y la CIDH saludamos las iniciativas de los Estados que contemplan apoyos socioeconómicos, fortalecimiento de la autonomía alimentaria y medidas de autocuidado de los pueblos indígenas frente a la pandemia, considerando que su subsistencia muchas veces depende del comercio informal o actividades como el ecoturismo, las que se han visto alteradas por la imposición de cuarentenas u otras medidas de distanciamiento físico.
Compartimos preocupación frente al carácter insuficiente o inadecuado de algunas de estas medidas: en ocasiones los apoyos son inaccesibles, no llegan a los territorios de forma oportuna, o las comunidades reciben alimentos inadecuados para sus formas de vida, cosmovisión o cultura. Ls modos de distribución no siempre observan las normas sanitarias, causando aglomeraciones que pueden contribuir a la propagación de COVID-19.
También llamamos a las autoridades a promover los derechos de las mujeres indígenas, las cuales tienen el riesgo de sufrir un impacto desproporcionado durante la pandemia, debido a su rol preponderante en la economía informal y como cuidadoras en el hogar. Se debe asegurar que las mujeres indígenas se beneficien igualmente de las medidas de protección social; prevenir y responder a la violencia que ha escalado como resultado de las medidas de confinamiento en el hogar; y asegurar que la situación de sobrecarga de los sistemas de salud no derive en un aumento alarmante de las tasas de mortalidad materna entre las mujeres y adolescentes indígenas o dificultades adicionales para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.
Durante la crisis, hemos recibido información alarmante de que algunas empresas (extractivas, forestales y otras) sin respeto del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, no han cesado sus actividades, incluso en zonas donde se ha decretado restricción de la circulación y otras medidas extraordinarias, exponiéndolos a un alto riesgo de contagio. Adicionalmente, estos pueblos se ven expuestos a las operaciones de actores armados vinculados al crimen organizado y el narcotráfico. Por todo ello, llamamos a los Estados a abstenerse, en el marco de la pandemia del COVID-19, de promover iniciativas legislativas y/o autorizar proyectos extractivos de explotación o desarrollo en o alrededor de los territorios indígenas, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante los procesos de consulta previa, libre e informada, de conformidad con los estándares internacionales aplicables.
En una siguiente etapa, las medidas de mitigación de daños y de recuperación deben valorar en su diseño, implementación y evaluación las prioridades de desarrollo de los pueblos indígenas, con énfasis en personas indígenas adultas mayores, con discapacidad, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas con orientación sexual e identidad de género diversas, personas con diferentes problemas de salud y personas indígenas defensoras de derechos humanos. Especialmente importante es que los Estados garanticen procesos de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe para los pueblos y comunidades indígenas sobre cualquier nueva política de recuperación que pueda afectar sus derechos y legítimos intereses, sobre todo cuando se trata de la apertura de territorios indígenas a megaproyectos de industrias extractivas o iniciativas similares.
Por último, desde ONU Derechos Humanos y CIDH alentamos a los Estados de la región amazónica a redoblar sus esfuerzos de cooperación sur-sur a los efectos de extremar las medidas de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y contacto inicial en el marco de la pandemia, con miras a proteger sus formas de vida, subsistencia y derechos humanos.
FIN
Declaración conjunta de Jan Jarab Representante ONU Derechos Humanos - América del Sur; Alberto Brunori, Representante ONU Derechos Humanos - Colombia; Alán García Campos, Coordinador de la Misión ONU Derechos Humanos en Bolivia, y Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH.
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Indígenas amazônicos estão “em grave risco” frente ao COVID-19, alertam ONU Direitos Humanos e CIDH
SANTIAGO/LA PAZ/BOGOTÁ/WASHINGTON DC (4 de junho de 2020) - COVID-19 é uma das maiores ameaças aos modos de vida dos povos indígenas da Amazônia, alertaram hoje os Escritórios de Direitos Humanos da ONU para a América do Sul, Colômbia e a Missão na Bolívia, juntamente com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH).
Em comunicado divulgado antes do Dia Internacional do Meio Ambiente, as entidades instaram os Estados com soberania nesta região a proteger a sobrevivência e os direitos dos povos indígenas na bacia amazônica, particularmente aqueles em isolamento voluntário ou contato inicial.
Em relação à pandemia, os Escritórios de Direitos Humanos da ONU e a CIDH expressaram alarme pelas infecções e mortes que afetaram os povos indígenas da Amazônia, bem como a falta de acesso a informações confiáveissobre saúde, a falta de infraestrutura hospitalar e de acesso a serviços de saúde adaptados às suas necessidades durante a crise.
Também expressaram preocupações específicas sobre a situação das mulheres indígenas e a continuidade do desenvolvimento, atividades econômicas e extrativistas que dificultam as medidas de distanciamento ou isolamento adotadas pelas comunidades.
Além disso, os Escritórios de Direitos Humanos da ONU e a CIDH instaram a implementar apoios socioeconômicos culturalmente adequados para esses povos indígenas da América do Sul, bem como apoiar suas medidas de autocuidado, fortalecer a participação de suas autoridades nas decisões já tomadas e monitorar a eficácia das medidas destinadas a proteger seus direitos.
A declaração é assinada pelo representante das Nações Unidas para os direitos humanos na América do Sul, Jan Jarab; seu parceiro de direitos humanos da ONU na Colômbia, Alberto Brunori; o coordenador da Missão de Direitos Humanos da ONU na Bolívia, Alán García Campos; e o Secretário Executivo da CIDH, Paulo Abrão.
- Leia a declaração completa:
Urge proteger do COVID-19 aos povos indígenas amazônicos
Na véspera do Dia Internacional do Meio Ambiente, desde a ONU para os Direitos Humanos e da CIDH, alertamos que o COVID-19 colocou seriamente em risco a sobrevivência e os direitos dos povos indígenas da bacia amazônica, portadores de um conhecimento profundo de um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade e culturas do planeta.
Habitada por mais de 420 povos indígenas - pelo menos 60 deles em isolamento voluntário -, a Amazônia é uma das regiões mais naturais e culturalmente diversas do mundo. Lá, a disseminação do COVID-19 cresceu exponencialmente, afetando povos que vivem na região amazônica.
Nesse contexto, os estados da região amazônica devem aumentar as medidas para proteger os povos indígenas contra o COVID-19, tanto no nível de contágio quanto nos impactos sobre seus direitos associados à pandemia.
Enquanto os sistemas nacionais de saúde enfrentam sérias dificuldades em dar uma resposta efetiva, o coronavírus tornou mais evidente a ausência histórica ou presença limitada do estado em muitos territórios e sua capacidade insuficiente para atender às necessidades desses povos, levando também em consideração seus conhecimentos ancestrais, práticas de cura e medicamentos tradicionais, a partir de uma abordagem intercultural.
A pandemia também destacou a importância de garantir que os povos indígenas possam exercer seu autogoverno e autodeterminação. Portanto, é essencial que os Estados garantam a participação dos povos indígenas por meio de suas entidades representativas, líderes e autoridades tradicionais na formulação e implementação de políticas públicas para enfrentar o alto risco de extinção física e cultural dos povos indígenas amazônicos.
Nesse sentido, exortamos os Estados a respeitarem as medidas de auto-isolamento adotadas pelos povos indígenas - sejam elas tradicionais ou resultantes da pandemia, como os cordões sanitários -, bem como a fornecer-lhes material de proteção individual de maneira segura. Também é de extrema importância compartilhar com os povos indígenas informações culturalmente apropriadas e em seus próprios idiomas ou dialetos, que sejam verdadeiras e oportunas em relação à contingência.
Dos Direitos Humanos da ONU e da CIDH, congratulamos as iniciativas dos Estados que incluem apoio socioeconômico, fortalecendo a autonomia alimentar e medidas de autocuidado para os povos indígenas diante da pandemia, considerando que sua subsistência geralmente depende de atividades ou atividades informais como ecoturismo, as quais foram alteradas pela imposição de quarentenas ou outras medidas de distanciamento físico.
Compartilhamos a preocupação com a natureza insuficiente ou inadequada de algumas dessas medidas: às vezes os apoios são inacessíveis, não chegam aos territórios em tempo hábil ou as comunidades recebem alimentos inadequados para seus modos de vida, visão de mundo ou cultura. E os modos de distribuição nem sempre observam os regulamentos sanitários, causando multidões que podem contribuir para a disseminação do COVID-19.
Também pedimos às autoridades que promovam os direitos das mulheres indígenas, que correm um risco desproporcional durante a pandemia, devido ao seu papel de liderança na economia informal e como prestadoras de cuidados em casa. É preciso garantir que as mulheres indígenas se beneficiem igualmente de medidas de proteção social; prevenir e responder à violência que tem aumentado como resultado de medidas de confinamento doméstico; e garantir que a situação de sobrecarga dos sistemas de saúde não leve a um aumento alarmante nas taxas de mortalidade materna entre mulheres e adolescentes indígenas ou a dificuldades adicionais no acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva.
Durante a crise, recebemos informações alarmantes de que algumas empresas (extrativistas, florestais e outras), sem respeito pelo direito dos povos a consultas livres, prévias e informadas, não cessaram suas atividades, mesmo em áreas onde há restrições quanto a circulação e outras medidas extraordinárias, expondo-os a um alto risco de contágio. Além disso, essas cidades estão expostas às operações de atores armados ligados ao crime organizado e ao tráfico de drogas. Por todas essas razões, exortamos os Estados a abster-se, no âmbito da pandemia de COVID-19, de promover iniciativas legislativas e / ou autorizar projetos extrativistas para exploração ou desenvolvimento em ou ao redor de territórios indígenas, devido à impossibilidade de realizar os processos de consulta prévia, livre e informada, de acordo com as normas internacionais aplicáveis.
Numa etapa seguinte, as medidas de mitigação e recuperação de danos devem valorizar em seu projeto, implementação e avaliação as prioridades de desenvolvimento dos povos indígenas, com ênfase nos idosos com deficiência, mulheres, crianças, adolescentes, pessoas com orientação sexual e identidade de gênero diversas, pessoas com diferentes problemas de saúde e defensores indígenas dos direitos humanos. É especialmente importante que os Estados garantam processos de consulta prévia, livre e informada, culturalmente apropriados e de boa fé para os povos e comunidades indígenas sobre qualquer nova política de recuperação que possa afetar seus direitos e interesses legítimos, especialmente quando se trata de abertura de territórios indígenas a megaprojetos de indústrias extrativas ou iniciativas similares.
Por fim, dos direitos humanos da ONU e da CIDH, incentivamos os estados da região amazônica a redobrar seus esforços na cooperação sul-sul, a fim de tomar medidas extremas para proteger os povos indígenas em uma situação de isolamento voluntário e contato inicial dentro da estrutura pandemia, com vistas a proteger seus modos de vida, subsistência e direitos humanos.
FIM
Declaração conjunta de Jan Jarab Representante ONU Direitos Humanos - América do Sul; Alberto Brunori, Representante ONU Direitos Humanos - Colômbia; Alán García Campos, Coordenador da Missão ONU Direitos Humanos na Bolívia, e Paulo Abrão, Secretário-Executivo da CIDH.
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