Con código de barras bidimensional controlaban la compra de votos en Atlántico La Fiscalía General de la Nación ha decidido compulsar copias...
Con código de barras bidimensional controlaban la compra de votos en Atlántico
La Fiscalía General de la Nación ha decidido compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia contra la Representante a la Cámara y, según el preconteo de la Registraduría, Senadora electa, Aída Merlano, luego del allanamiento a su sede de campaña en Barranquilla, donde habría funcionado una sofisticada red de compra de votantes, que incluso utilizaba calcomanías con código de barras bidimensional (código QR) para identificar y hacer seguimiento a los líderes encargados de la compra de votos.
Funcionarios de la DIJIN recibieron la información de que en una vivienda ubicada en el barrio El Golf de Barranquilla, conocida como “La casa blanca”, funcionaba un comando político desde el que, supuestamente, se compraban votos para la jornada electoral.
Luego de las verificaciones iniciales, la Fiscalía libró orden de allanamiento. Durante el proceso se encontraron los siguientes objetos:
9 computadores.
4 armas de fuego, entre las que había 2 revólveres, 1 escopeta y 1 pistola. Solo una de ellas tenía salvoconducto, a nombre de Aída Merlano.
$268’993.000 en efectivo, guardado en un cuarto destinado exclusivamente para eso. En total, durante la campaña, se habrían repartido más de $6.000’000.000
Registro de cámaras de seguridad, instaladas por toda la casa.
Adicionalmente, se logró la incautación de abundante documentación, entre la que figura:
Certificados electorales en masa, guardados en cajas y bolsas.
Fotocopias de cédulas de ciudadanía.
Documentos y planillas electorales.
Listados con nombres de votantes y líderes que estaban organizados presuntamente para la compra de votos.
Formatos firmados para certificar el compromiso de compra de voto.
Organigramas detallados de seguimiento y operación
Tenían además un sistema organizado para identificar a los líderes y hacer la trazabilidad del proceso de compra de sufragios, a través del uso de dos formatos: las actas de compromiso y el seguimiento de cada votante.
Para verificar que se hubiera sufragado en un puesto específico, la campaña pedía los certificados de votación y, sobre estos, grapaba un papel con código QR, que llevaba el dato del municipio y el nombre del líder al que se le atribuía el voto. De esta forma, se garantizaba que el dinero entregado al comprador correspondiera con el número de votos ofrecido por él a la campaña.
Se llevaba una contabilidad detallada en una planilla adicional, en la que se hacía la relación de los líderes, el municipio al que pertenecían y los gastos de la jornada. Al parecer, cada voto era pagado a $40.000, con un subsidio de $5.000 de transporte. El monto a pagar a cada uno de ellos variaba de acuerdo con la cantidad de votos ofrecida y si se superaba ese número, aumentaba también el valor del voto.
En el proceso se logró la captura en flagrancia de 5 personas:
Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas
Jefferson Jesús Viloria Mieles, auxiliar de sistemas.
Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña.
María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales.
Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía a electores.
Las capturas fueron legalizadas ante el juez Primero penal de control de garantías junto con los materiales incautados en el allanamiento. Mañana, ante ese mismo juez, se continuará la audiencia para imputarles el delito de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
La Fiscalía continúa procesando la información documental recaudada junto con la de las cámaras de seguridad y computadores, con el objetivo de verificar la hipótesis de que los líderes comprando de votos no sólo en el Atlántico sino también en otros departamentos del país. De acuerdo con esos resultados, se determinará si es procedente la formulación de nuevas imputaciones por otros delitos.
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