“Lo acontecido recientemente en Tumaco es un acto repudiable, el asesinato de campesinos, y las heridas a varias decenas, demuestran como lo...
“Lo acontecido recientemente en Tumaco es un acto repudiable, el asesinato de campesinos, y las heridas a varias decenas, demuestran como lo están indicando los hechos, la degradación de lo que puede ser un posconflicto mal manejado”, así lo aseguró el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en el VIII Congreso Nacional de la Reconciliación, organizado por pastoral social.
El jefe del Ministerio Público advirtió que hay una falla profunda en el modelo de erradicación de cultivos en Colombia y pidió que este tema sea revisado y rectificado de manera inmediata.
“Erradicar los cultivos ilícitos es quitarle la gasolina a la delincuencia armada, a los paramilitares, a los narcotraficantes, a las guerrillas activas y a las disidencias de los desmovilizados”.
Carrillo Flórez afirmó que la Procuraduría ejerció su poder preferente para continuar con las investigaciones disciplinarias a la Policía y al Ejército por los confusos hechos presentados el pasado 5 de octubre en la vereda Puerto Rico de Tumaco, Nariño.
“Es ejemplar la sanción que tiene que venir para los autores intelectuales y materiales”, señaló el Procurador al precisar que estos hechos prueban la capacidad del Estado para reaccionar ante graves situaciones que atentan contra la reconciliación.
Insistió en la importancia de seguir ‘desnarcotizando’ la agenda con EE.UU. y lamentó que el aumento de los cultivos ilícitos implica necesariamente la incapacidad del Estado por ocupar territorios abandonados por la guerrilla y los lugares históricamente productores de coca.
“Allí, donde antes estuvieron las guerrillas armadas no pueden entrar nuevas fuerzas desalmadas que maten el campo, y mucho menos pueden los agentes de la fuerza pública actuar sin control y sin respeto por la vida de los colombianos, así no piensen igual a ellos”, indicó.
El Procurador General aseguró que los defensores de derechos humanos, los líderes de la oposición, los nuevos liderazgos sociales y sus organizaciones no son enemigos del Estado, sino aliados en la construcción de un país para todos.
Agregó que el diálogo social tiene que adquirir una dimensión diferente en términos del posconflicto y que “la Procuraduría garantizará los derechos de quienes levantan su voz para denunciar la injusticia, también de quienes reclaman verdad, justicia, reparación y no repetición. Una tierra para vivir y no para morir, de quienes exigen salud, justicia y un país libre de corrupción”.
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