Grupos armados tienen que saber que los derechos de las víctimas no son negociables.

  El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, resaltó que el Gobierno Nacional les ha dejado claro a todos los grupos armados con los q...

 

El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, resaltó que el Gobierno Nacional les ha dejado claro a todos los grupos armados con los que avanza en procesos de paz que los derechos de las víctimas no son negociables y, además, deben primar las garantías de verdad y de no repetición en los territorios.

Asimismo, el Comisionado se refirió a los acercamientos con el Estado Mayor Central de las Farc y la Segunda Marquetalia, grupos armados con fines políticos, con los cuales se tendrá un escenario de mesa de conversaciones hacia la paz.

Explicó, además, cómo será el proyecto de ley que será presentado al Congreso de la República para aplicar a los grupos que no tienen carácter político.

La Paz Total tiene dos aspectos sustanciales: por un lado, una política social, económica y ambiental del Gobierno del Cambio, que genera condiciones básicas y, procesalmente, para que ningún niño, ningún joven, ninguna mujer, tome como única opción la posibilidad de usar la violencia para, no solamente, reivindicar sus derechos, sino en algunas ocasiones, según el grupo armado y la oferta que exista, para generar protección a riqueza mal habida o a rentas ilegales.

Por eso la base sustancial de la Política de Paz Total es esa construcción de políticas públicas, que vayan a favorecer a quienes han sido excluidos por esta democracia.

Y, adicionalmente, tiene una complementariedad, es el diálogo y el diálogo que tiene distintas manifestaciones:

1-La Mesa de Diálogos de Paz con el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

2-Los espacios o las mesas de conversaciones de paz con las llamadas EMC Farc y la Segunda Marquetalia, a quienes se les reconoce orígenes políticos, es decir, a estos dos grupos armados.

3-Por otro lado, los grupos no rebeldes, con quienes se generan espacios de acercamiento y conversación sociojurídica, con el objetivo de que se les compartan los mecanismos jurídicos que permitan la rendición de cuentas a la sociedad y la desestructuración de las motivaciones económicas y de la criminalidad que la sustenta.