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Mujeres desmovilizadas de las FARC rendirán testimonio libre como víctimas de violencia sexual.

    Entre las recomendaciones posteriores a la diligencia de versiones voluntarias colectivas rendidas por comparecientes del frente 57 de l...

 

 Entre las recomendaciones posteriores a la diligencia de versiones voluntarias colectivas rendidas por comparecientes del frente 57 de las Farc, (JEP macrocaso 04 Urabá), la Procuraduría también señaló que la responsabilidad por uso de minas, cilindros bomba y explosivos debe recaer sobre todos los miembros de esa estructura.

Además, solicitó que las declaraciones recibidas se trasladen al despacho relator del macrocaso 06, como aporte a la verdad sobre el exterminio de la Unión Patriótica en Urabá. 

La Procuraduría General de la Nación pidió al despacho relator del Macrocaso 04 JEP, que investiga la situación territorial ocurrida en Urabá, recibir en diligencias individuales a las mujeres excombatientes del bloque 57 de las extintas Farc-EP, para que puedan rendir declaraciones de manera reservada, libre y espontánea, sobre su condición de víctimas de aborto, planificación forzada, cohabitación forzada, prostitución y esclavitud sexual.

Esta solicitud se hizo tras analizar declaraciones recibidas por una excombatiente del mencionado frente y otras mujeres pertenecientes a diferentes estructuras, además de dos exjefes, que dan cuenta de la ocurrencia de prácticas sistemáticas de abortos y planificación forzada dentro de las Farc- EP, como lo ha venido denunciando el Ministerio Público. 

El Ente de Control también conceptuó en su escrito de recomendaciones cómo esa organización se valió del homicidio selectivo y múltiple como estrategia de control social y territorial, lo que resultó en asesinatos contra presuntos informantes, miembros de la comunidad y funcionarios públicos que, según ellos, incurrieron en conductas inmorales o en actos de corrupción. 

Así mismo, advirtió que la responsabilidad en la práctica de secuestros y uso de medios y métodos prohibidos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como minas antipersona, cilindros bomba y dinamita en ataques y tomas a poblaciones, deben trasladarse a todos los exmiembros de esa estructura guerrillera. 

Entre las observaciones también se evidenció la responsabilidad que esa estructura tendrá que asumir por daños ambientales generados entre 1998 y 2000 por el taponamiento de río Jiguamiandó y otras fuentes hídricas para impedir el paso de otros actores armados hacia la región, que generaron serios daños colaterales a la comunidad al imposibilitar la comunicación fluvial para el ingreso de alimentos, medicinas y comercio. 

Finalmente, la Procuraduría encontró entre los datos entregados por los comparecientes, elementos de contexto que ayudarían a esclarecer la verdad en casos de desaparición, desplazamiento y homicidio contra el partido político Unión Patriótica en la región, por lo cual solicitó traslado de las versiones al despacho relator del Macrocaso 06.


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