Vigilancia especial al proceso de intervención de liquidación de COOMEVA. Procuraduría solicitó a 14 EPS garantizar continuidad en atención a usuarios trasladados de Coomeva.

  •    El ente de control insta a las EPS designadas recibir a los 1.2 millones de usuarios de la liquidada Coomeva EPS, así como a dar cont...

 

•    El ente de control insta a las EPS designadas recibir a los 1.2 millones de usuarios de la liquidada Coomeva EPS, así como a dar continuidad en los servicios a los que tienen derecho.   

•    El Ministerio Público sigue el proceso de intervención y liquidación de Coomeva para conocer y gestionar la resolución de las quejas de los usuarios y proteger los recursos de la salud frente a posibles embargos.    

Al culminar este martes primero de febrero  el proceso de asignación de 1.2 millones de afiliados de Coomeva EPS, en liquidación a otras Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, la Procuraduría General de la Nación solicitó a las 14 EPS designadas por el Ministerio de Salud como receptoras garantizar la continuidad en el acceso efectivo a los servicios de salud, especialmente en tratamientos oncológicos, crónicos y de alto costo, así como en el suministro de medicamentos e insumos médicos.  

Desde el pasado 27 de mayo de 2021, cuando la Superintendencia Nacional de Salud tomó posesión administrativa de Coomeva EPS, y más recientemente en la fase de liquidación ordenada por Resolución 189-6 del 25 de enero de 2022, la Procuraduría Delegada para para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente hace seguimiento permanente a estas medidas de intervención forzosa, con el fin de proteger los derechos de los afiliados, conociendo sus quejas y reclamos frente a la atención recibida y gestionando soluciones prontas y efectivas con el Agente Especial Liquidador, y la misma SuperSalud.   

También se ha asegurado de que  los recursos de la EPS que se encontraban a disposición de juzgados en procesos de cobro coactivo a la fecha de intervención, fueran puestos a disposición del equipo interventor  y de  tramitar ante la Corte Constitucional la solicitud de selección y revisión de una tutela con el propósito de que, a través de una sentencia de unificación, se ponga fin  a la proliferación irregular de procesos de embargo contra los recursos públicos consignados en  Cuentas Maestras de recaudo y de pago administradas por la  Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que afectan gravemente la liquidez del sistema de salud.