Proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en el manejo de recursos fue abierto por la Contraloría General a la EPS Medimás.

Tras culminar una indagación preliminar, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a...

Tras culminar una indagación preliminar, la Contraloría General de la República ordenó la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal a la EPS Medimás por presuntas irregularidades en el manejo de $234.191 millones de pesos girados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) para garantizar la prestación de los servicios de salud a sus afiliados. 

El organismo de control también vinculó como presunto responsable a la IPS Estudios e Inversiones Médicas - Esimed S.A., a la cual la EPS giró anticipos por $71.675 millones con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) que a la fecha no han sido legalizados. 

Dentro de las indagaciones realizadas también se encontraron registros contables de pagos superiores a los valores facturados por las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud por la suma de $102.898 millones, así como el pago de medicamentos con precios superiores a los regulados por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos en cuantía de $32.406 millones, y $21.430 millones por servicios médicos con valores superiores a los contratados con su red de prestadores. 

Adicionalmente la EPS Medimás habría pagado un poco más de $144 millones por servicios médicos prestados antes del 1 de agosto de 2017, a pesar de que apenas en dicha fecha fue autorizado su funcionamiento por la Superintendencia Nacional de Salud.  

Tambien habría pagado 884 facturas por más de $360 millones a pesar de que se encontraban anuladas y $5.275 millones por facturas glosadas, o sea que no cumplían con requisitos legales para su pago. 

Por estos hechos fueron vinculados además de la EPS MEDIMAS, sus presidentes y representantes legales durante el periodo 2017 y 2018, así como los vicepresidentes financieros y gerentes de tesorería de la época, sobre los cuales se ordenó la búsqueda de bienes y serán citados a rendir versión libre.