El Consejo de Política Económica y Social (CONPES) aprobó este lunes la destinación de $10.392 millones para afianzar y extremar las estra...
El Consejo de Política Económica y Social (CONPES) aprobó este lunes la destinación de $10.392 millones para afianzar y extremar las estrategias para fortalecer la capacidad del Estado Colombiano dirigidas a prevenir, perseguir y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La ejecución de las medidas incluidas en la financiación aprobada por el CONPES ocurrirá entre 2021 y 2026.
Con los recursos se pondrá en marcha una política más eficiente que conduzca a reducir la vulnerabilidad producida por los grupos criminales y sus fuentes de financiación como lo es el lavado de activos, señala el documento CONPES.
Advierte, también, que se requiere de nuevos y sofisticados instrumentos de análisis y seguimiento a las operaciones de los actores que intervienen en los distintos eslabones del lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Al respecto, indica que es indispensable promover la gestión de información permanente entre los actores del ALA/CFT (Sistema Antilavado de Activos y Contra la Financiación del Terrorismo) en Colombia, por lo que se incentivará la participación ciudadana en la prevención y denuncia de este tipo de conductas.
El CONPES agrega que mediante esa estrategia se podrá desmantelar las organizaciones criminales, porque al atacar su base financiera se minimiza el riesgo de que la economía sea utilizada para sus fines ilícitos.
Por esa razón, el documento señala que es urgente consolidar los procesos de coordinación y cooperación entre los actores que conforman el Sistema Antilavado, para generar sinergias que optimicen las labores de prevención, detección, investigación, judicialización y persecución de los activos.
Persecución de armas de destrucción masiva
Otro aspecto que contempla el CONPES es el de fortalecer la capacidad del Estado para mejorar la efectividad en ubicación y persecución de las armas de destrucción masiva en el país.
Además, las herramientas y el marco normativo de la política contra este tipo de crímenes se ajustarán a los estándares internacionales.
Para cumplir estos objetivos se afinarán los instrumentos de análisis, las estructuras y los esquemas de trabajo gubernamental para lograr una mayor eficiencia en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.
En su justificación, el CONPES señala que, aunque los esfuerzos de las autoridades por adoptar medidas de prevención y control son inagotables, cada vez surgen nuevas técnicas, prácticas y tipologías a través de las cuales aumenta el accionar delictivo en el país.
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