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Procuraduría y Parques Nacionales Naturales de Colombia recuperaron predio ocupado ilegalmente en el Parque Tayrona

  Foto: Parques Nacionales. La Procuraduría General de la Nación y Parques Nacionales Naturales de Colombia lograron la recuperación de un p...

 

Foto: Parques Nacionales.

La Procuraduría General de la Nación y Parques Nacionales Naturales de Colombia lograron la recuperación de un predio de propiedad de la Nación, ubicado en el Parque Nacional Natural Tayrona, el cual fue ocupado ilegalmente por particulares.

El predio se encuentra en los sectores conocidos como Playa Bonito Gordo y Playa Granate, lugar donde se efectuaron construcciones destinadas a actividades turísticas y de recreación sin el permiso de las autoridades ambientales.

De acuerdo con análisis realizados por Parques Nacionales Naturales de Colombia, la intervención ilegal generó graves impactos ambientales en zonas primitivas, intangibles y de recuperación natural, ocasionados por la tala de bosques, la alteración de cuerpos de agua, la generación de vertimientos y residuos y el rompimiento y desprendimiento de corales en el área marina por la actividad de embarcaciones.

La acción realizada permitirá que se adelanten actividades de restauración del ecosistema del bosque basal seco, considerado en nivel crítico de amenaza ya que solo queda el 1% en todo el país, y del bosque inundable costero, así como iniciar la recuperación de las fuentes hídricas que fueron intervenidas ilegalmente.

El predio recuperado fue incluido al patrimonio de la Nación y declarado como baldío reservado e integrado al Parque Nacional Natural Tayrona en 1975.

La Procuraduría General de la Nación acompañó y apoyó el trámite de la querella instaurada para lograr la recuperación del predio, proceso que fue adelantado por la Dirección de Asuntos Policivos y Regulación de Espacio Público de Santa Marta.

En la diligencia realizada en el Parque Tayrona participaron funcionarios del Ministerio Público y de Parques Nacionales Naturales de Colombia, con apoyo de autoridades municipales y miembros del grupo de guardacostas, la Policía y la Personería de Santa Marta, así como del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

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