¿Y la reforma de la justicia para cuándo?

Un Estado donde la justicia no funciona de manera eficiente es un Estado condenado a su fracaso.Le vienen haciendo el quite, pero una refo...

Un Estado donde la justicia no funciona de manera eficiente es un Estado condenado a su fracaso.Le vienen haciendo el quite, pero una reforma de la justicia, que sea estructural y seria, se necesita hace rato. Colombia ya no aguanta más un modelo de administración judicial ineficiente que, de no ser por las tutelas, se demora hasta 15 años en dictar sus fallos. Como si fuera poco, en algunas oportunidades las altas cortes se han encargado de minar la confianza ciudadana, protagonizando bochornosas discusiones políticas que en nada aportan a la garantía de los derechos.

Véase no más la incapacidad de la Corte Suprema de llenar sus vacantes y terminar con la interinidad en la Fiscalía. Las divisiones internas la han llevado a una situación patética de autobloqueo. La próxima reforma exige un cambio radical en la manera como se administra justicia y la forma de aproximarse a los ciudadanos. Según un estudio del DNP del 2016, uno de cada 6 colombianos manifiesta que ha tenido una necesidad jurídica, de las cuales solo el 10 por ciento han sido satisfechas.

Más preocupante aún, las mismas cifras de la Fiscalía indican que solo 1 de cada 100 casos de denuncias por homicidio llega a juicio. Un Estado donde la justicia no funciona de manera eficiente es un Estado condenado a su fracaso. Sin un sistema de administración judicial que aplique y haga cumplir las normas, se corre el riesgo de caer en la anarquía institucional, en la anonimia y en una democracia de papel.

Como mínimo, la transformación del sistema debería priorizar estrategias para aumentar su eficiencia y garantizar su acceso; modernizar no solo los procedimientos, sino también su infraestructura física y tecnológica; reducir la carga de los jueces ‘desjudicializando’ hasta donde sea posible el sistema, implementar mecanismos de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, mejorar los mecanismos de información, cambiar sus indicadores de resultados y favorecer la especialización de los jueces, sobre todo en el ámbito penal. Eso sin contar, por supuesto, con la eliminación de la nefasta Comisión de Acusaciones.

Se impone adoptar un modelo de justicia moderna. Y esto no se refiere únicamente a la necesaria digitalización de los expedientes judiciales. Comprende también la implementación de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial para imprimirle eficiencia, seguridad jurídica y transparencia al funcionamiento de la justicia. Se puede promover un modelo de precedentes para limitar la discrecionalidad de los operadores de justicia y dejar registro electrónico de cada una de las actuaciones judiciales.

Hoy en día existen instrumentos para construir modelos predictivos y así traducir los millones de datos que genera la actividad judicial en información útil para formular mejores políticas públicas en el sector y, ¿por qué no?, prevenir y evitar la excesiva judicialización de los conflictos sociales. Sin duda deberían jugar un rol más central los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que hoy carecen de dientes, de legitimidad, y que son vistos como meros requisitos procesales.

La justicia no puede permanecer estática, puesto que siempre debe ofrecer soluciones a los conflictos y desafíos de la sociedad. Estamos en mora, por ejemplo, de tener jueces penales especializados en la lucha contra la corrupción, o el crimen organizado o la seguridad ciudadana. Se requieren unidades judiciales completas y bien dotadas: fiscales, policía judicial, inteligencia y tecnología.

Ahora bien, existen dos errores en los que han caído los gobiernos sistemáticamente: el primero es pensar que los problemas de la justicia son de los jueces. No reconocer la valiosa labor que cumplen, máxime sabiendo las precarias condiciones presupuestales, humanas y de infraestructura, es irresponsable. El segundo error es pretender avanzar en una reforma estructural a puerta cerrada y sin entablar un diálogo constructivo con la rama judicial, que, en virtud de la separación de poderes, está llamada a intervenir activamente en el diseño del nuevo modelo.

Es también ingenuo pretender tener un sistema de administración judicial del primer mundo con un presupuesto como el que maneja la rama. Si se quieren reformas de fondo y sostenibles, es necesario que el Gobierno se meta la mano al bolsillo. No será políticamente rentable, pero garantizarles a los ciudadanos el acceso a una justicia de calidad y eficiente cuesta. Por su parte, nuestra magistratura debe abandonar esa arrogancia dañina con la que se suele aproximar al Ejecutivo y reconocer un hecho innegable: en Colombia, la justicia no está funcionando como debería.

Ñapa: sería ideal en una reforma de la justicia echarle una mano a nuestra política criminal. Llevamos años fracasando en esta materia. Más eficiencia y menos populismo punitivo. Más que en combatir el crimen, nos hemos vuelto expertos en crear nuevos delitos todos los días.

GABRIEL CIFUENTES
Doctor en derecho penal, Universitá degli Studi di Roma. MPA, Harvard University. LLM, New York University. Máster en Derecho, Universidad de los Andes.