La Concejal Clara Lucía Sandoval denuncia caída del 103% en inversión nacional a la Policía y alerta que Bogotá solo opera con el 67% del ...
La Concejal Clara Lucía Sandoval denuncia caída del 103% en inversión nacional a la Policía y alerta que Bogotá solo opera con el 67% del pie de fuerza necesario
La concejal Clara Lucía Sandoval lideró un debate de control político en el Concejo de Bogotá en el que denunció el impacto devastador que la política de “paz total” del Gobierno Nacional ha tenido sobre la seguridad en la capital.
Según Sandoval, esta estrategia ha debilitado la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos criminales, permitiendo su expansión y aumentando el miedo en las calles.
“Bogotá está pagando los costos de una política nacional equivocada, que ha desfinanciado la Fuerza Pública, debilitado la presencia institucional y permitido la expansión de grupos armados ilegales en todo el territorio”, advirtió Sandoval.
Una de las denuncias más graves fue la reducción del presupuesto de inversión para la Policía Nacional, que pasó de $483 mil millones en 2022 a apenas $238 mil millones en 2025, lo que representa una disminución del 103%.
“Esta desfinanciación ha dejado a la Policía Metropolitana de Bogotá sin recursos suficientes, sin equipos y con un pie de fuerza gravemente insuficiente. Hoy, Bogotá cuenta con solo 15.900 policías, cuando debería tener más de 23.800. Es decir, la ciudad opera al 67% de su capacidad en materia de seguridad”.
La concejala también alertó sobre la reducción de policías por habitante: en 2014 había 280 por cada 100.000 ciudadanos, y hoy solo 201, lejos del mínimo de 300 recomendado por la ONU. “La Policía está sin recursos, sin personal y sin respaldo. El Gobierno ha abandonado su deber de garantizar la seguridad”, afirmó Sandoval.
La concejala advirtió sobre el crecimiento de estructuras armadas ilegales en el país, incluyendo Bogotá. Según la Defensoría del Pueblo, grupos como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC pasaron de estar en 600 municipios en 2022 a 896 en 2024, cubriendo el 81% del territorio.
“Incluso las FARC tienen presencia en la ciudad. Esto no es una suposición, es una realidad que se siente en los barrios, en las extorsiones y el microtráfico”, afirmó.
Otro efecto directo de esta política es el aumento del tráfico de armas en Bogotá. Las incautaciones crecieron un 17% entre 2023 y 2024, y Ciudad Bolívar y Kennedy concentran el 30% de los casos. “Las armas ilegales no nacen en Bogotá. Cruzan el país y llegan ante la total pasividad del Gobierno Nacional. Aquí hay una responsabilidad que no se puede seguir ocultando”, afirmó Sandoval.
El panorama de inseguridad también se manifiesta en el crecimiento de delitos de alto impacto. La extorsión afecta gravemente al comercio en varias localidades, con Kennedy, Mártires, Suba, Santa Fe y Engativá encabezando los registros. Aunque la administración reporta intervenciones, no hay claridad sobre los recursos invertidos ni una estrategia focalizada en proteger a los establecimientos.
Para la concejala, es inaceptable que frente a esta crisis el Gobierno Nacional no solo no actúe, sino que además obstaculice soluciones. Denunció que la propuesta del alcalde Galán de reincorporar a 2.000 policías en uso de buen retiro, armas y enfocados en convivencia, fue respondida con desinformación, acusaciones infundadas y silencio administrativo. “El gobierno ni hace, ni deja hacer. Y mientras tanto, la ciudad sigue desprotegida”, señaló.
En contraste, Sandoval reconoció los esfuerzos del Distrito por avanzar en una nueva cárcel distrital y en la política pública de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, pero insistió en que cualquier estrategia será insuficiente si no hay respaldo real del Gobierno Nacional.
Propuso acudir a cooperación internacional, redirigir recursos distritales, fortalecer alianzas interinstitucionales y promover el aporte voluntario del 10% adicional del impuesto predial, con la condición de generar resultados visibles.
“Bogotá no puede seguir siendo víctima del abandono institucional. Esta es una guerra contra redes criminales con poder y presencia. Lo más grave es que, en vez de enfrentarlas, el Gobierno parece haberles abierto la puerta. Si sigue debilitando la seguridad, al menos debería decirle la verdad al país. Ser responsable es enfrentar la realidad, no ocultarla”, concluyó.
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