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Procuraduría profirió pliego de cargos a concejales

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a siete concejales de Campo de la Cruz, Atlántico, por presuntas irregular...



La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a siete concejales de Campo de la Cruz, Atlántico, por presuntas irregularidades en la selección del Personero del municipio para el periodo 2016 – 2019.
La medida afectó a los concejales Harold Pacheco Miranda, Aurelia Marenco De la Rosa, Jaime Marriaga Ariza, Arturo Mejía Castañeda, Walter Mendoza Reales, Jorge Luis Muñoz Ospino y Jairo Orozco Rojano.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Provincial de Barranquilla, los funcionarios habrían modificado los criterios de selección y evaluación después de finalizadas las pruebas, con lo que pudieron vulnerar la normatividad legal.
Los concejales habrían modificado los puntajes asignados a las pruebas de conocimientos y de habilidades laborales, así como a la evaluación de antecedentes y a la entrevista rendida por los concursantes, lo que cambió la puntuación obtenida por los concursantes y el orden en la lista de elegibles.

A partir del nuevo puntaje otorgado a los aspirantes, el concejo nombró en el cargo a la persona que en principio ocupó el tercer lugar en el concurso de méritos.

Para el Ministerio Público con su comportamiento los funcionarios habrían vulnerado el principio de la responsabilidad que rige la función pública, y calificó su aparente conducta como una falta grave cometida a título de dolo.

También Procuraduría formuló cargos a concejales de Palmar de Varela, Atlántico

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a los concejales de Palmar de Varela, Atlántico, David Egea Ramírez, Manuel Soñett Fontalvo y Edinson Ortiz Obredor, por presuntas irregularidades en la elección del personero del municipio para el periodo 2016 - 2020.
Para la Procuraduría Provincial de Barranquilla, los funcionarios habrían incluido modificaciones al concurso de méritos que no cumplían, aparentemente, con la norma legal que rige los procesos de selección de los personeros municipales (Decreto 1083 de 2015 Único Reglamentario del Sector de la Función Pública).

De acuerdo con la investigación disciplinaria los concejales le habrían otorgado a la prueba de conocimientos un valor inferior al 60%, cuando la ley señala que ese examen en ningún caso puede tener una valoración menor a ese porcentaje.

Igualmente, ese cambio lo habrían realizado con posterioridad a la inscripción de los candidatos, instancia del proceso en el que ya no se podían realizar modificaciones para no afectar el desarrollo del concurso.
Por esos hechos el Ministerio Público calificó la presunta conducta cometida por los concejales como una falta grave cometida a título de culpa grave.

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