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Senador Juan Diego Gómez Jiménez en plenaria con ocasión del trámite de la JEP.

Honorables Senadores de la República; en distintos escenarios, incluido éste, han discurrido profundas discusiones relacionadas con la Justi...


Honorables Senadores de la República; en distintos escenarios, incluido éste, han discurrido profundas discusiones relacionadas con la Justicia Especial para la Paz. 

Las diferentes discusiones han expuesto una serie de argumentos ideológicos en defensa o en contra de este instrumento jurídico. Hoy, en nombre del Partido Conservador Colombiano, quiero sentar nuestra postura única frente a lo que consideramos el deber ser del proyecto de ley estatutaria, que concita nuestra responsabilidad con el presente y el futuro de nuestro país, Colombia. 

En primer lugar queremos resaltar que compartimos los planteamientos y objeciones enunciados por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y en segundo lugar, advirtiendo que es necesario despejar las dudas que hoy son causa del temor en miles de colombianos; ciudadanos confundidos ante las incesantes especulaciones e informaciones equivocadas, tejidas de manera particular alrededor de la Jurisdicción Especial para la Paz, y en general, sobre la agenda legislativa que debe implementar los Acuerdos de Paz. 

Sea lo primero precisar que el Partido Conservador, desde sus orígenes en 1849, hace casi 170 años, ha sido un defensor de la democracia, la institucionalidad, la autoridad y la justicia. 

 Quienes representamos hoy en este recinto los principios Conservadores seguimos siendo fieles a ellos, y por eso, reconocemos y exaltamos la terminación de un conflicto de más de 50 años que oscureció la historia de nuestro país, la dejación de las armas y la desmovilización de la guerrilla de las Farc, conscientes de que los colombianos no merecemos soportar tanta barbarie, sevicia y humillación que ha sido lo único dejado por esta guerra.

 Cada uno de nosotros, como representantes y defensores de los colombianos, somos responsables de la reglamentación de un mecanismo de justicia que materialice ese sueño que poco a poco debe hacerse realidad, LA PAZ. 

Esa responsabilidad implica reconocer que no podemos contemplar la claudicación, por demás ingenua, de nuestra postura política frente a lo que consideramos no respeta ni materializa los derechos de las víctimas del conflicto armado, y desdibuja el sentido de la democracia colombiana. Como Partido Conservador estamos dispuestos a participar en la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz, sin embargo, nos vemos obligados por nuestros principios a presentar las siguientes salvedades:


 1. La plena garantía jurídica para los militares, policías y agentes del Estado, preservando su derecho a un juicio equitativo, equilibrado, ajustado al debido proceso y que proteja sus derechos fundamentales. Ellos no pueden ser sujeto de persecución, y deben verse restablecidos sus derechos civiles y políticos, en concordancia con las reglas establecidas para los dirigentes de las Farc y sus combatientes. 

2.El propósito más elevado de las negociaciones de paz, fue la participación política de los guerrilleros desmovilizados, cambiando sus balas por votos como ha sido dicho por integrantes del gobierno y varios analistas políticos. No obstante, desde el Partido Conservador nos vemos en la obligación de exigir que quienes deseen participar en política deben someterse de manera previa a la Justicia Especial para la Paz, habiendo así, establecido su compromiso con la reparación de las víctimas y el cumplimiento de las penas que fueren impuestas. 

4.Enviamos un mensaje claro a los ciudadanos y empresarios colombianos: La JEP sólo se aplicará a quienes hayan sido señalados, procesados y condenados por delitos o conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa con el conflicto armado. Es necesario exceptuar de acciones judiciales a aquellas personas cuya participación en el conflicto haya sido a causa de probada coacción por parte de los actores armados. Deben excluirse conductas inciertas como la sola colaboración eventual u obligada y cualquier otra conducta abierta e imprecisa, que deje espacio para interpretaciones amañadas, e incluso arbitrariedades, por parte del operador jurídico. 

 5. La JEP no puede convertirse en una cacería de brujas. Entendemos que muchos funcionarios aforados, en virtud de sus deberes legales, fueron parte del conflicto. Si ese cumplimiento de deberes fue apegado a ley, estos no deben ser sujetos de la acción de la Justicia Especial para la Paz. Caso contrario si se les probase plena voluntad en la comisión de crímenes de guerra y lesa humanidad. 

6. La Justicia Especial para la Paz tiene una responsabilidad enorme con un país que siente el narcotráfico como el combustible de nuestros males, de la violencia y de la corrupción en todos los niveles sociales. El narcotráfico es un cáncer que nos ha carcomido y lo sigue haciendo en razón de su poder, de su capacidad para apoderarse de instituciones y conciencias. 

Los narcotraficantes y quienes se han beneficiado directa e indirectamente de ellos, quieren ver la Justicia Especial para la Paz como una puerta de salvación. Eso no vamos a permitirlo. El Partido Conservador exige mayor atención y rigurosidad en el tratamiento de esta situación. Si el narcotráfico invade este instrumento, se apodera de él, tenemos la plena seguridad de que el posconflicto caerá en picada. 

7.Reiteramos, como colectividad, nuestra alegría por el cese definitivo de las acciones de guerra entre las Farc y las Fuerzas del Orden en Colombia. Es un hecho histórico agradecido con entusiasmo por las comunidades campesinas, rurales, por los ciudadanos que fueron alejados de su país durante años por la tensión del conflicto; los empresarios que pese a las balas, los secuestros y las amenazas, continúan trabajando por el desarrollo del país; nuestros hijos y las nuevas generaciones que tienen la posibilidad de crecer en un país con menos dolor y de ser posible, sin miedo. 

Lo agradecemos también nosotros los políticos, porque la llegada de la FARC al debate público nos obliga a repensar nuestro país, a proyectarlo no en términos de desastre y tragedia, sino en dos palabras, esperanza y prosperidad. ¿Cuántos años legislamos desde este recinto para la guerra? ¿Cuántos años intervinimos en medio del horror y la incertidumbre? 

Hoy legislamos para la reconstrucción de Colombia, no en medio de balas, sino en medio de ideas donde debe primar el respeto por los demás. Creemos en la JEP como un puente que conecta la voluntad y la coherencia, con el significado real de la justicia. 

Colombia no sólo necesita justicia, Colombia merece justicia. Muchas gracias. 

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