La Fiscalía, en cumplimiento del plan Bolsillos de Cristal, detectó presuntas anomalías en el contrato 0210 de 2011, suscrito entra la Gober...
La Fiscalía, en cumplimiento del plan Bolsillos de Cristal, detectó presuntas anomalías en el contrato 0210 de 2011, suscrito entra la Gobernación de Casanare y la Unión Temporal Megapaz para la construcción de un megacolegio en Paz de Ariporo (Casanare) y que ascendió a $9.499.879.221.
Cuatro personas fueron capturadas y presentadas en audiencia de control de garantías. La Fiscalía les imputó cargos por peculado por apropiación en favor de terceros, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión y peculado por apropiación.
Dos de los detenidos en Bogotá y Yopal (Casanare) son: Rodrigo Tadeo Flechas Ramirez, exjefe de la Unidad de Contratación de la Gobernación de Casanare, Orlando Javier Sanabria Mejía, representante legal de la Unión temporal Megapaz y Cristian Gómez Mejía, gerente de INGECOL e integrante de la asociación encargada de la obra.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, se habría pagado irregularmente un anticipo por 50% del valor total del contrato y lo permitido era hasta un 40%. Adicionalmente, durante varias inspecciones a la construcción fueron detectadas falencias en el diseño, planeación y distribución de redes de servicios públicos; además, el proyecto carecía de permiso ambiental de CORPORINOQUIA, requisito que era indispensable por estar ubicado cerca de una laguna de oxidación de aguas residuales.
Respecto a Flechas Ramirez y Gómez Mejía, el juez dispuso medida no privativa de la libertad, con restricción para salir del país, observar buena conducta y presentarse cuando la autoridad los requiera.
De otro lado, Rafael Antonio Rey Castro representante legal de la firma AFIACOL SAS y Jorge Alberto Díaz Calderón, quienes figuraban como socios de la Unión Temporal Megapaz, fueron capturados en Valledupar (Cesar).
Dentro de la diligencia el juzgado ordenó realizar pruebas grafológicas, porque los procesados aseguraron que sus firmas fueron falsificadas y plasmadas en documentos que los comprometerían.
El juez no impuso medida de aseguramiento contra los dos imputados, pero seguirán vinculados a la investigación.
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