• El investigado habría suscrito el acta de inicio de un contrato para la construcción de andenes, un proyecto en el que se talarían centenares de árboles en el área urbana de Yopal, sin contar con el permiso previo de aprovechamiento forestal que expide la Corporinoquía.

• Al parecer, el Idury desconoció las solicitudes de la comunidad en el sentido de que se protegiera su derecho a disfrutar de la cobertura arbórea en el espacio público.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos en contra del señor Alexander Cortés Medina, en su calidad de gerente del Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (Idury).

El entonces director suscribió un contrato en el 2013 con el objeto de construir andenes peatonales en los barrios Casiquiare, Campiña, Paraíso y en otras calles de Yopal, sin contar para la fecha en que firmó el acta de inicio con el permiso previo de aprovechamiento forestal expedido por Corporinoquía, que permitiera efectuar la tala de centenares de árboles en el área urbana.

Para el ente de control, con esta conducta el señor Cortés Medina habría vulnerado lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 80, en cuyo numeral 7º. señala: “La conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones para ello, se analizarán o impartirán con antelación al inicio del proceso de selección del contratista o al de la firma del contrato, según el caso”.

De acuerdo con el material probatorio recaudado en lo transcurrido de esta investigación, en los estudios previos de esta contratación se hizo más énfasis en la construcción de un pliego de condiciones para una licitación que en evaluar integralmente la conveniencia de la obra.

Así mismo el ente disciplinario encontró que en los citados estudios no se hizo un análisis de la necesidad a la que respondía el proyecto, por cuanto no se dispuso un inventario territorializado para verificar las falencias que en materia del espacio público se debían subsanar.

Preliminarmente la conducta desplegada por el exmandatario fue calificada como gravísima cometida a título de dolo.  

Finalmente, la Procuraduría Regional de Casanare manifestó que el sujeto disciplinable o su apoderado podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes y conducentes para su defensa.

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