Durante los primeros 5 meses de 2025, la situación humanitaria en Colombia, así como en el suroriente del país se agravó considerablemente, ...
Durante los primeros 5 meses de 2025, la situación humanitaria en Colombia, así como en el suroriente del país se agravó considerablemente, con consecuencias cada vez más severas para la población civil. El impacto en las comunidades superó lo registrado en el mismo periodo de 2024.
Este deterioro estuvo estrechamente relacionado con el aumento de los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y los grupos armados, así como de estos últimos entre sí. Las hostilidades generaron consecuencias especialmente graves para la población civil debido a la reiterada falta de respeto por los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario (DIH). A ello se sumó el endurecimiento del control ejercido por actores armados, que en numerosos casos derivó en tratos indebidos hacia la población, amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos y otras alteraciones profundas en la vida cotidiana.
En el suroriente del país vemos con preocupación el incremento de la presencia, uso y abandono de armas, municiones y artefactos explosivos, como minas antipersonal, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y de detonación controlada. Entre enero y mayo, el departamento de Huila, sin registros el año anterior, fue el tercer departamento más afectado, con 50 casos. En Guaviare y Caquetá por ejemplo, se registraron 2 personas por minas antipersonal respectivamente. Estas cifras están en línea con la tendencia a nivel nacional, donde entre enero y mayo de 2025, se registró 524 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, un aumento del 145 % frente al mismo periodo de 2024. El 70 % corresponde a civiles, incluidos 56 menores de edad.
Otra de nuestras preocupaciones, es el confinamiento que tuvo un impacto considerable en las comunidades; 6.588 personas confinadas se reportaron en Caquetá y 12.000 en Guaviare. En estas zonas, comunidades enteras quedaron sin acceso a alimentos, servicios de salud, agua segura o educación, lo que debilitó su autonomía y organización colectiva.
En este mismo periodo a nivel nacional, según cifras oficiales, 85.760 personas estuvieron confinadas en 13 departamentos, un aumento del 169 % en comparación con los primeros cinco meses del año anterior.
La desaparición de personas continúa siendo una de las consecuencias más dolorosas. Entre enero y mayo, el CICR documentó 74 nuevos casos relacionados con los conflictos armados, el 81 % de ellos correspondientes a civiles. Entre las personas desaparecidas se encuentran doce menores de edad. Ocho de estos casos estuvieron relacionados con el reclutamiento y la utilización por parte de actores armados, lo que evidencia una conexión directa entre ambas consecuencias humanitarias. En Caquetá registramos 1 caso, en Guaviare 14 y en Meta 2.
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