Después de reunirse con autoridades militares, de Policía, Fiscalía, ICBF y entidades gubernamentales del departamento de Antioquia, la ...
Después de reunirse con autoridades militares, de Policía, Fiscalía, ICBF y entidades gubernamentales del departamento de Antioquia, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Gobernación convocar un Consejo de Política Social Ampliado donde se aborden principalmente los temas de reclutamiento forzado, explotación sexual infantil y deserción escolar en el departamento.
Se ha indicado que estas reuniones serán replicadas en varios departamentos en todo el territorio nacional debido a que los ultimos informes indican que el reclutamiento forzado además de la explotación sexual se esta convirtiendo en un flagelo creciente en territorios alejados de las capitales urbanas.
La propuesta se da luego de conocer denuncias sobre presunto adoctrinamiento y reclutamiento forzado de menores de edad por parte de las disidencias de las FARC en
las escuelas rurales del municipio de Yarumal, que llevaron a la
Procuradora Margarita Cabello Blanco, a ordenar una comisión especial
conformada por los Delegados de Infancia, Derechos Humanos y
Acompañamiento al Proceso de Paz.
En el marco de esa comisión, se convocó una mesa de trabajo para verificar la situación y tomar medidas urgentes
con el fin de contrarrestarla. Entre los compromisos que resultaron del
encuentro, estuvieron el diseño de un Plan con acciones específicas
para frenar la ocurrencia de este fenómeno.
También de una estrategia con enfoque diferencial y étnico para atender las necesidades específicas de grupos indígenas
en el Bajo Cauca, Urabá, Suroeste y Nordeste Antioqueño, la asignación
de recursos para materializar estas acciones y el levantamiento urgente
de bases de datos del nivel nacional, departamental y municipal, para
identificar la totalidad de niños, niñas y adolescentes que han sido
reclutados, desvinculados e ingresados a los distintos programas del
ICBF.
Frente
a las acciones de la Fuerza Pública, se solicitó a policía y ejército,
establecer estrategias articuladas frente a este fenómeno y buscar apoyo
del Gobierno Nacional para aumentar el número de efectivos al menos en
un pelotón por municipio.
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