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POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN, PROCURADURÍA CITÓ A JUICIO DISCIPLINARIO A LA EXGOBERNADORA DE PUTUMAYO, SORREL PARISA AROCA.

Aparentemente se habría contratado la vigilancia de las instituciones educativas del departamento mediante una modalidad que no era la proce...

Aparentemente se habría contratado la vigilancia de las instituciones educativas del departamento mediante una modalidad que no era la procedente para seleccionar la oferta más favorable.

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos y citó a audiencia pública a la exgobernadora de Putumayo, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez (2016- 2019), y al exsecretario de Educación, Jorge Enrique Ferrín Dorado (2016 – 2017), por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de vigilancia para las instituciones educativas del departamento, por un monto de $ 5.453 millones.

Al parecer, los exfuncionarios efectuaron la contratación mediante la figura de selección abreviada, cuando lo procedente era convocar una licitación pública que permitiera escoger la oferta más favorable para el departamento.

Para el Ministerio Público, la selección del contratista debió realizarse mediante “un procedimiento público y abierto como la licitación pública, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015 y demás normas inherentes al citado proceso de selección, dado que el objeto del contrato a suscribir, las características técnicas de los bienes que se estaban requiriendo, las obligaciones que se adquiriría el contratista y la cuantía del presupuesto oficial, así lo determinaban”.

El órgano de control agregó que, al parecer, se les exigió a los posibles oferentes haber desarrollado un contrato de similares características en Putumayo, requisito que posiblemente limitó la participación de empresas legalmente reconocidas y con experiencia en el área de la vigilancia.

La Procuraduría precisó que con esa actuación se habría vulnerado el principio de selección objetiva en la contratación, al establecer “exigencias restrictivas de la libertad de concurrencia que finalmente limitaron una participación más amplia de oferentes, allanando el camino para que una sola firma o proponente fuera habilitada para ofertar y finalmente seleccionada”.

Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta cometida por los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima.

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