La corrupción sigue en auge. Contraloría dejó en firme fallo fiscal por $1.686 millones contra dos exgobernadores de Guainía.

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La Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal en cuantía de $1.686 millones en contra de los exgobernadores de Guainía Iván Vargas Silva y Oscar Armando Rodríguez, por irregularidades presentadas en la ejecución del contrato de construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la comunidad de San Felipe. 

El fallo cobija también a Nixon Helí Jácome Manosalva, en calidad de contratista, la empresa Habocic Consultoría e Interventoría SAS y la señora Angela Julieta Camacho Roa, en calidad de Supervisora. 

Los hechos giran en torno a irregularidades en la planeación, uso indebido del anticipo y obras no concluidas, dentro del proceso contractual No. 563 de 2009, cuyo objeto era la “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE — DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA”. 

Estas obras fueron financiadas con recursos asignados por la Nación al departamento, para el Fondo Departamental de Aguas, y administrados por el Consorcio FIA. 

El presupuesto asignado para la ejecución del contrato fue de $1.683.208.885, para un plazo de siete meses, contados a partir del acta de inicio suscrita por el contratista y el interventor. 

La población que se beneficiaría con la ejecución de este contrato se encuentra ubicada en el corregimiento de San Felipe y la comunidad indígena de Cangrejo, en el Departamento del Guainía.  

Decisiones de primera y segunda instancia 

Este fallo con responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia ciudadana radicada en la Gerencia Departamental de la CGR en Guainía, interpuesta por el señor José Francisco Galicia Rodríguez en su calidad de diputado para la época de los hechos, en la cual solicitó que se investigaran diferentes obras inconclusas en el corregimiento de San Felipe (Guainía) 

El fallo de primera instancia fue proferido por la Gerencia Departamental del organismo de control y confirmado en su totalidad por la Unidad de Responsabilidad Fiscal No. 6 de la Contraloría Delegada Intersectorial, al resolver el grado de consulta.