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Una comisión de alto nivel de la Defensoría del Pueblo estará en Guaviare y Meta para reforzar el acompañamiento a las investigaciones y a las familias de los menores de edad que fallecieron en el bombardeo

  Una comisión de alto nivel de la Defensoría del Pueblo estará en Guaviare y Meta para reforzar el acompañamiento a las investigaciones y a...

 

Una comisión de alto nivel de la Defensoría del Pueblo estará en Guaviare y Meta para reforzar el acompañamiento a las investigaciones y a las familias de los menores de edad que fallecieron en el bombardeo del pasado 2 de marzo y, además, hacer un trabajo de verificación ante el persistente riesgo de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales en esos dos departamentos.

Desde que se conocieron las denuncias sobre presencia de menores de edad en un campamento de ‘Gentil Duarte’ que fue bombardeado por la fuerza pública en Calamar, las Defensorías Regionales de Guaviare y Meta contactaron y acompañaron a los familiares de muertos y heridos.

Y, ahora, funcionarios de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría Delegada para los Derechos de la Población en Movilidad Humana y de la Defensoría Delegada para la Infancia, la Juventud y el Adulto Mayor refuerzan esa labor para hacer un trabajo de seguimiento y verificación con representantes de las víctimas.

Además, harán entrevistas con autoridades departamentales, municipales, fuerza pública, el ICBF y organizaciones no gubernamentales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno (Guaviare), así como de Villavicencio (Meta).

Con ellos se recopilarán datos para un informe sobre la problemática del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes en el Guaviare, especialmente de quienes están en riesgo y/o han sido vinculados a las filas del grupo armado ilegal de ‘Gentil Duarte’.

Esta misión que refuerza la labor de las Regionales, será enviada por orden del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, quien hizo “un fuerte llamado a comprender que en Colombia el reclutamiento de menores de 18 años es una grave violación al Derecho Internacional Humanitario que debe ser castigado”.

“Insisto en que los niños y niñas reclutados, usados y utilizados son víctimas no son victimarios y sobre ellos existe un deber especial de protección basados en la prevalencia de sus derechos”, afirmó el Defensor del Pueblo.

Y anunció que se reforzará el trabajo de la Estrategia Defensorial: 2021, Año Contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes, una iniciativa que busca impulsar acciones de prevención, atención, promoción y divulgación, así como la implementación y creación de estrategias de incidencia ante instancias del Estado, con el propósito de visibilizar y atender esta problemática en el país.

Desde 2017 la Defensoría del Pueblo ha emitido 156 alertas tempranas en las que se advierte sobre el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de actores armados no estatales en el conflicto y grupos armados del crimen organizado.

Y en un informe sobre esta problemática, las 38 Defensorías Regionales confirmaron 83 casos para el 2020, en los que las edades de las víctimas oscilaban entre los 8 y 18 años (el 33% menores de 14 años); según sexo, el 59% eran hombres (49 casos), y en cuanto a la pertenencia étnica se encontró que 20 eran indígenas, 2 afrodescendientes y de 61 no se obtuvo información.

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