Un total de 14 hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal por valor de $36.365 millones de pesos, encontró la Contraloría Gen...
Un total de 14 hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal por valor de $36.365 millones de pesos, encontró la Contraloría General de la República en una Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías que contrataron la Gobernación de Sucre y algunos municipios de este Departamento.
Uno de los proyectos evaluados fue el denominado “Mejoramiento en pavimento asfáltico de la vía Tablitas – San Marcos, municipios de El Roble, Caimito y San Marcos, Departamento de Sucre”.
Para la ejecución de este proyecto, la Gobernación de Sucre firmó, para la vigencia 2017, un contrato de Obra Pública con el Consorcio Mega Vías 018 por valor de $149.855 millones, en el cual la Contraloría detectó, entre otras cosas, irregularidades en el manejo del anticipo pagado, que correspondía al 15% del valor total del contrato.
A la fecha, no se avaló por la interventoría el uso del 81,88% del anticipo entregado, causando un detrimento al patrimonio por un dinero no ejecutado de manera eficiente, lo que se traduce en un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria, fiscal y penal por $18.407 millones.
Adicional a esto, y a pesar de haber aceptado todas las condiciones contractuales en la etapa precontractual, el contratista no presentó a tiempo los permisos ambientales.
Y de los 14 tomos de los estudios y diseños solamente presentaron 2 para realizar la reprogramación y ejecución normal de la obra pública, habiendo incumplido varias veces los requerimientos de la interventoría. A la fecha, y después de un año, siguen faltando 2 de esos tomos. Según la Contraloría, en la ejecución contractual, se evidencia una falta notable de capacidad para desarrollar el contrato en condiciones normales.
En riesgo los recursos públicos por ejecutar
A todas las situaciones irregulares encontradas durante la ejecución del contrato de obra, se le suma que en la Tesorería del Departamento de Sucre se encontró́ un embargo vigente contra la firma KHB INGENIERIA S.A.S., con ocasión de su participación en el consorcio MEGAVIAS 018, por un valor de $360.000.000.
Los retrasos injustificados, así́ como la evidente incapacidad técnica, operativa y financiera evidenciada en los hitos del contrato de obra, ponen en altísimo riesgo los recursos públicos aún por ejecutar en este proyecto, ya que a la fecha se tiene un avance físico por debajo del 7% después de un año de ejecución contractual y un avance financiero cercano al 20%.
A la fecha, el contrato permanece suspendido y a pesar de que en el país y en el departamento ya se han abierto las actividades relacionadas con las obras civiles con el protocolo de bioseguridad, aún el departamento no lo ha hecho con este proyecto de importancia departamental, que tiene como objetivo beneficiar a más de 81 mil habitantes.
Sobrecostos en adquisición de equipos de cómputo y software
Con el fin de beneficiar a 24.500 personas de los 26 municipios del departamento de Sucre, la Gobernación de Sucre fue designada como ejecutora del proyecto con vigencia inicial de 2017, “Fortalecimiento de capacidades en CTel en niños, niñas y jóvenes de los establecimientos educativos a través del Programa Ondas en el Departamento de Sucre”, el cual fue financiado con recurso del Sistema General de Regalías, por valor total de $11.741 millones. El proyecto consistía en la compra de equipos de cómputo, software y servidores. Sin embargo, dentro del proceso de control fiscal, la Contraloría General de la República encontró sobrecostos en la adquisición de 1.000 computadores y 160 servidores, por $1.287.505 millones, lo que se traduce en un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal, por el mismo valor.
Esta cifra resulta de la diferencia entre el valor neto cancelado al contratista UNIÓN TEMPORAL ONDAS SUCRE 2018 y el valor cotizado de los elementos suministrados en ese tiempo. Esto significa que hubo fallas en la etapa de planeación y omisiones en la realización de los estudios de mercado y documentos previos, los cuales son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato.
Violación a cumplimiento de contrato que beneficiaría a 700 campesinos
La Alcaldía del municipio Los Palmitos fue designada como ejecutora del proyecto “Implementación de 700 hectáreas de ñame espino tipo exportación municipio de Los Palmitos, San Pedro, Sampués, Sincé, y Ovejas en el Departamento de Sucre”, y para su ejecución, firmó un contrato de interés público en 2015 con el Consorcio Agrícola de Sucre, por valor de $8.252.730.515, suma aprobada por el OCAD Región Caribe con recursos del Sistema General de Regalías.
Este proyecto tenía como objetivo principal “recuperar la capacidad productiva de los pequeños productores rurales, incentivando la siembra de ñame espino tipo exportación”, y prometía beneficiar a 700 campesinos de la región, pero debido a una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna por parte de la entidad territorial, este objetivo no se cumplió.
Luego de un minucioso estudio del caso, la Contraloría General de la República pudo constatar que durante la ejecución del proyecto se presentó una violación al cumplimiento del Contrato de Interés Público, debido a la omisión y falta de planeación frente a distintas variables, en especial, las ambientales y climáticas, ya que estas incidían directamente en la siembra y producción del ñame espino tipo exportación. No se encontró́ un estudio serio y completo acerca de la ubicación del objeto contractual del proyecto, y tras una reunión con los beneficiarios del mismo se verificó que no fue posible la producción de ñame como estaba previsto, debido a que el verano secó la semilla e impidió́ su producción, razón por la cual no tuvieron la posibilidad de recibir ninguna utilidad social, que es en última la finalidad del contrato de interés público para la comunidad beneficiaria. Como consecuencia del incumplimiento y con base en las conclusiones obtenidas dentro del proceso de fiscalización, se configura un hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $8.252.730.515, que corresponde al valor financiado y pagado con recursos del SGR.
Proyecto de fomento de vida saludable que no se ejecutó
La Alcaldía de Coveñas fue designada como ejecutora del proyecto “Prevención y promoción para el fomento de estilos de vida saludable, en el municipio de Coveñas”, el cual tenía como principal objetivo el fortalecimiento de hábitos de vida saludable de 13.600 habitantes del municipio, mitigando así las problemáticas de salud que para el año 2015, afrontaba el territorio.
Para esto firmó un contrato de interés público con la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO y otro de interventoría con la Fundación para la Administración y el Desarrollo de las Entidades Públicas – FUNADEP, para un valor total de $3.102.208.200, correspondientes a recursos del Sistema General de Regalías.
Sin embargo, luego de un profundo análisis por parte de la Contraloría General de la República, se pudo constatar que la documentación revisada del proyecto no deja constancia de la ejecución presupuestal y física del proyecto, lo que es calificado como un detrimento patrimonial, debido a la falta de una adecuada planeación.
Esto por cuanto se debió́ hacer un estudio minucioso en el que se contemplaran distintas variables del mercado para determinar los costos unitarios, el valor de la mano de obra, el material publicitario, determinación de los profesionales que se requerían, salarios, tiempos, actividades a realizar, desplazamientos, costos logísticos, costos de escenarios, vehículos para desplazamientos del personal y otros insumos. Dichos componentes no se encontraron en los estudios previos del contrato, ni en el proyecto, ni en los soportes de la ejecución del contratista. Tampoco se halló relación en los informes de supervisión entregados. Así mismo se determinó que el contratista (la Asociación de Promotores Comunitarios -APROCO) no estaba inscrita en la plataforma de registro de prestadores de servicios del Ministerio de Salud y Protección social, condición que le impedía prestar servicios de salud de promoción y prevención, finalidad que debía cumplir el proyecto. Todo esto da muestra de una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna, ya que no da cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del estado, por lo que se configura una violación al cumplimiento de los contratos de interés público y de interventoría, dando lugar a un hallazgo con incidencia administrativa, fiscal y disciplinaria por valor de $3.102.208.200.
Hallazgos en proyectos Covid
Por otro lado, dentro del proceso auditor de control fiscal a proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías para atender la emergencia Covid-19 en el departamento de Sucre, la Contraloría General de la República auditó un monto total de $505.169.750, de los cuales se configuraron 3 hallazgos fiscales por valor de $61.675.200.
Tales hallazgos corresponden a proyectos de los municipios de San Benito Abad y San Juan de Betulia, que dentro de su proceso de ejecución faltaron al principio de economía de sus contratos, e incurrieron en sobrecostos al adquirir elementos de bioseguridad.
Actuación Especial de Fiscalización
En ejercicio de sus funciones como máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano, la CGR realizó una Actuación Especial de Fiscalización a los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el Departamento de Sucre, ejecutados por la Gobernación de Sucre, y las alcaldías de Buenavista, Corozal, Coveñas, Los Palmitos, San Benita Abad, Sincelejo, Tolú y Toluviejo.
En total fueron auditados 16 proyectos por un valor total de $258.892 millones, de los cuales $230.401 millones corresponden a recursos del Sistema General de Regalías.
Estos proyectos pertenecen a los sectores de Salud y Protección social, Transporte, Vivienda, ciudad y territorio, Deporte y Recreación, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Agricultura y Desarrollo rural.
Como resultado del proceso auditor, el equipo auditor configuró en total 15 hallazgos administrativos de los cuales 15 presentan incidencia disciplinaria, 14 incidencia fiscal y 1 incidencia penal, por valor total de $36.365 millones, por deficiencias relacionadas con la ejecución de los recursos de regalías.
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