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Radicada demanda electrónica para reclamar más de 10 mil hectáreas a favor de la comunidad indígena Caño Jabón en Meta: Unidad de Restitución

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El objetivo de la acción judicial presentada de forma virtual ante un Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio es restablecer los derechos territoriales de las 72 familias de la etnia Sikuani que fueron desplazadas forzosamente hacia el casco urbano de la inspección de Puerto Alvira. Con la presentación de esta demanda se da cumplimiento al compromiso adquirido por la Unidad de Restitución de Tierras en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

 Ante un Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio, el director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, acompañado de los abogados del equipo étnico de la entidad presentaron la demanda electrónica que tiene como propósito restablecer los derechos territoriales de 72 familias del Resguardo Indígena Caño Jabón, ubicado en el municipio de Mapiripán, Meta.
“El resguardo tiene una extensión de 9.069 hectáreas. Con la demanda se busca la ampliación del área en 1.259 hectáreas que corresponden al territorio “Monte Alto”, un sitio en el que la comunidad realiza actividades de agricultura y pesca, para un total de 10.328 hectáreas reclamadas”, explicó Wilson Leyton, director de la Unidad de Restitución en Meta.   
Al respecto, el Director Territorial añadió que el acompañamiento de la Unidad tiene como objetivo lograr que se repare integralmente a los miembros del Resguardo Caño Jabón, perteneciente al pueblo Sikuani que fue víctima de las acciones de los grupos al margen de la ley que sembraron minas antipersonal en el territorio, llevando al desplazamiento de varias familias del resguardo.

Entre otras pretensiones consignadas en la demanda están: brindar respuesta integral al riesgo de afectaciones a la autonomía y el gobierno propio; recuperar el derecho a la propiedad colectiva y a los derechos ambientales; garantizar los derechos al uso y disfrute del territorio, a la libre circulación; el derecho fundamental al acceso, ocupación y disfrute de los recursos naturales; y a la seguridad alimentaria.
Algunas de las afectaciones más evidentes que afrontan los 363 integrantes de la comunidad étnica son el confinamiento, abandono y el despojo, ocasionando con ello el deterioro cultural del pueblo Sikuani.
El director Leyton indicó que gracias a la radicación de esta demanda se da cumplimiento al compromiso asumido con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y agregó que “lograr el restablecimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Orinoquia es prioridad para la política de restitución de tierras del Gobierno Nacional”.


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